Plebiscito constitucional: participación y confianza

Los procesos electorales en Chile han sido históricamente motivo de justificado orgullo, tanto porque suelen desarrollarse en un clima de paz y de forma ordenada –incluso en competencias muy polarizadas-, como porque el conteo de los votos se hace de manera rápida y transparente, y la legitimidad de los consiguientes resultados está fuera de duda. El Servicio Electoral es una pieza clave de lo anterior, y los errores que se conocen en su trabajo son la excepción, no la regla.

El Servel debe evitar -o corregir- todo lo que pueda incidir negativamente en la participación o dificultar el voto.

Esto no significa que esos errores sean inconsecuentes y no deban ser subsanados. Por ejemplo, las denuncias de personas fallecidas que aparecen como habilitadas para votar en el padrón electoral son bien conocidas, como también la réplica de que la responsabilidad por ello radica en el Registro Civil, que no informa debidamente al Servel sobre esos casos. Lo mismo ha ocurrido con personas inhabilitadas por razones judiciales. Que estas situaciones no sean estadísticamente significativas no obsta para considerarlas graves, y si son reiteradas o permanecen sin solución, arriesgan erosionar progresivamente la confianza ciudadana, lo que debilita la democracia.

También deben evitarse, y corregirse cuando ocurren, las situaciones que dificulten el acto de votar o que de cualquier manera incidan negativamente en la participación. En este sentido, la reciente decisión del Servel de “actualizar” los registros para acercar los locales de votación al domicilio de los electores está bien inspirada, pero dada la cercanía del próximo plebiscito y desprovista de una activa campaña para informar a las personas sobre su nuevo lugar de voto –en especial a las de tercera edad-, arriesga generar confusión y, por ende, un efecto contrario al buscado.

Al respecto, las reuniones del Servel ayer con parlamentarios opositores y la Asociación de Municipalidades reflejan que aún hay tiempo para reparar lo anterior, al menos parcialmente, asumiendo el costo de hacer llegar directamente la información a los votantes mayores de 65 años, presumiblemente menos familiarizados con las búsquedas online y las redes sociales. La relevancia del plebiscito constitucional, así como el hecho de que el voto sea obligatorio, sin duda lo justifican.